Desde que el 27 de octubre dos jóvenes de 15 y 17 años murieron electrocutados en Clichy-sous-Bois mientras aparentemente huían de la policía, se han visibilizado en las grandes ciudades francesas un conjunto de fenómenos que, siendo parte del complejo escenario que viven las urbes en occidente, nos debiesen invitar a reflexionar sobre las causas profundas que podrían iniciar conflictos similares en países como el nuestro. Lo anterior, por lo tanto, presupone que un punto de partida que asocie estos actos a una simple manifestación de delincuencia no es suficiente para descifrar los verdaderos códigos que impulsan este tipo de hechos.
La violencia juvenil debe ser analizada a la luz de las profundas transformaciones que el mundo experimenta; transformaciones que, siendo de orden general, afectan de manera muy directa el orden político y económico. Los procesos de modernización que son consecuencia de estos cambios, al no lograr resolver cabalmente - y en algunos casos agudizar - los problemas de “exclusión”, promueven en algunos jóvenes un ejercicio del poder que se expresa de manera transgresora. La paradoja de este hecho es que este ejercicio de poder o “contrapoder” no implica necesariamente una transformación de la sociedad, sino más bien la construcción de una autoimagen y de una experiencia personal que se define individualmente en cada joven. Surge, entonces, un escenario de “biopolítica” que redefine los atributos tradicionales de la violencia, la exclusión y el dominio.
Visto desde esta perspectiva, la violencia no es una manifestación que ponga en oposición – como algunos lo explican siguiendo la lógica del Ministro del Interior de Francia, Nicolas Sarkozy – a los “sanos” y a los “enfermos” de la sociedad. Ella es más bien la expresión de conflictos e intereses que oponen a ciertos actores cuyas capacidades, competencias y posibilidades de influencia son totalmente asimétricas. Francia, y también nuestro país, son un buen ejemplo de aquello".
¿Qué se esconde, entonces, detrás de estos actos?. Se esconde lo que el Presidente Chirac ha denominado “la fractura social”, es decir, un mundo de exclusión donde la débil participación en el mercado del trabajo es un elemento clave; se esconde un problema de “fractura urbana”, donde la fragmentación y la segregación dificultan la construcción de una idea de comunidad que vaya más allá de la expresión territorial del barrio; se esconde un evidente “abandono” del Estado en zonas y sectores donde una política pública oportuna y pertinente no sólo es deseable sino fundamental; se esconde una respuesta inorgánica a actos cotidianos de discriminación que dan forma a un comportamiento cultural profundo que es absolutamente contradictorio con la concepción de tolerancia republicana que, entre otras cosas, declara ilegal todo acto de discriminación; se esconde un malestar, una revuelta, a veces contra sí mismo ( alcohol, suicidio, etc.) a veces contra un orden inespecífico que es símbolo de abandono y precariedad. Digamos que también se esconde una ausencia de diálogo entre ciudadanos jóvenes que no confían en sus decidores y entre decidores que no saben cómo abordar las complejidades de la cultura juvenil.
¿Qué lecciones podemos aprender de estos dramáticos hechos?. Primero, debemos entender que las políticas públicas de juventud, lejos de ser una excentricidad, son una necesidad evidente para cualquier Estado preocupado de abordar integralmente los problemas que son propios de las aceleradas transformaciones vividas por nuestras sociedades. De igual forma, estas políticas no pueden estar desprovistas de orientación; ellas deben estar caracterizadas por una fuerte preocupación en la identificación y consagración de derechos que reconstruyan el vínculo entre jóvenes y comunidad; en la aplicación de políticas que enfrenten el tema de la exclusión, fundamentalmente en las áreas de educación y empleo; en el mejoramiento y apertura de instrumentos y espacios que permitan y hagan efectivos, el diálogo, la participación y la deliberación; y en el impuso de propuestas que aborden la eliminación de discriminaciones – culturales e institucionales – como factor de entendimiento y de mejoramiento de la democracia".
