Lamentablemente aún es necesario hacer campañas para proteger, respetar y cuidar a los niños y niñas del mundo. En Chile no es la excepción. La realidad que rodea la infancia de nuestro país, en especial aquella más desprotegida y vulnerable, obliga a generar instancias que permitan que la ciudadanía de cuenta de la urgencia de tomar cartas en el asunto. Sabemos que una campaña no logrará por sí sola truncar los nocivos efectos que provoca el maltrato y abuso infantil. Sin duda un cuerpo legal y una política pública que contemple un sistema de protección de los derechos de la infancia son los caminos a seguir.Y como los hechos que constatamos cotidianamente respecto de la vulneración y maltrato infantil en Chile son evidentes y vergonzosos, es que en este mes de Octubre de 2006, bajo el eslogan "Queremos que nos Escuchen" se realiza la Octava Campaña de Gobierno por un Buen Trato Infantil. En esta versión, la tradicional iniciativa será coordinada por el Ministerio de Justicia y por el Comité Intersectorial Nacional de Prevención del Maltrato Infantil, instancia que convoca a diversas entidades públicas orientada a difundir y promover actitudes de respeto a los derechos de los niños y niñas del país. En esta oportunidad, el énfasis de la campaña apunta a que los niños e infantes del país sean escuchados, y a que su opinión sea tomada en cuenta en todos aquellos asuntos que los afectan, especialmente en los ámbitos familiar, de educación, de salud, y en los procedimientos judiciales y administrativos.
La campaña tiene un carácter nacional e intersectorial, con expresión regional y local. Protagonistas de ella son los niños y niñas de todo Chile, como así también instituciones que tienen a su haber políticas, programas y acciones dirigidas al respeto de la infancia. Destacan el Servicio Nacional de Menores SENAME, la UNICEF, la División de Organizaciones Sociales (DOS) a través de su Departamento de No Discriminación e Interculturalidad, entre muchos otros.
La campaña está orientada preferentemente a los adultos, niños y niñas destinatarios de los programas institucionales que conforman el Comité, en especial aquellos que se implementan en familias, escuelas, consultorios de salud, hospitales públicos y sistema administrativo y judicial de protección de derechos de la infancia y adolescencia.
El derecho de los niños a ser escuchados se basa en el derecho a expresar la opinión libremente y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan a los niños y niñas, y en el derecho a la libertad de expresión, consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990 y se encuentra, además, contenido en la actual Ley que crea los Tribunales de Familia y en el Proyecto de Ley sobre Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
El Artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en tanto, establece que "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez". "Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional".
El Artículo 13 de misma Convención, establece que "el niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño". En el mismo artículo se señala las restricciones de tal derecho: "el respeto de los derechos o la reputación de los demás y para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas".
